Aprueban Ley de Renovables sin debate por el accidente aéreo

El pleno no se canceló por ser el último de la legislatura antes del cese de la actividad en el Parlamento autonómico por la convocatoria de elecciones autonómicas

El pleno de la Asamblea Regional aprobó este miércoles por unanimidad la ley regional de energías renovables en una sesión atípica que duró apenas 10 minutos y en la que no ha habido debate político en señal de luto por el accidente de avión ocurrido ayer en un vuelo entre Barcelona y Alemania.

El pleno no se canceló, ya que es el último de la legislatura antes del cese de la actividad en el Parlamento por la convocatoria de elecciones autonómicas, pero sí se ha querido "minimizar al máximo", explicaron diputados de los tres grupos, para dar salida a iniciativas parlamentarias que contaban con el consenso de todos los partidos.

En declaraciones a la prensa previas al pleno, el diputado del PP Patricio Gómez recordó que esta norma, que adapta la legislación regional a directivas europeas y nacionales, tiene como principal novedad evitar a las familias y pymes que generan electricidad para su autoconsumo el pago de peajes a las compañías energéticas.

De esa manera, confió en que se fomentará el uso de energías limpias, ya que quienes cuenten con placas fotovoltaicas y otros elementos reducirán sustancialmente su factura de la luz.

Asimismo, se incluyó en comisión al texto inicial una enmienda planteada por el PSOE para introducir la figura del "balance neto", es decir, que las familias que generan energías limpias puedan intercambiarla con la de la red eléctrica, lo que también fomentará el uso de las renovables.

Por el mismo sistema, de votación sin debate se aprobó también por unanimidad el proyecto de ley de Cámaras de Comercio de la Región de Murcia.

Igualmente, se dio luz verde a tres mociones conjuntas para promover la regulación de los profesionales del deporte, mejorar la atención educativa de los niños con dislexia y permitir el sufragio a personas con discapacidad intelectual que estén incapacitadas jurídicamente para la gestión de sus bienes y patrimonio, así como las resoluciones aprobadas en la Comisión de Discapacidad.